El fin de la OMC consiste en lograr la progresiva subordinación de todos los recursos materiales, sociales y humanos al Poder y al capital. Bajo sus políticas, se propicia la libertad de movimientos de las grandes corporaciones y del gran capital transnacional, los Estados fortalecen su función represiva y de control social y se debilita su papel de garantizar los derechos y libertades de sus ciudadanos. El nuevo imperialismo consiste en que todo el mundo esté controlado y gobernado por las grandes corporaciones transnacionales. Esto provoca las nocivas consecuencias de la globalización, desastrosas para el ser humano y también para la naturaleza. El Poder está desarrollando –a través de la Organización Mundial del Comercio- un sistema económico maquiavélico que no respeta los derechos de nadie.

La OMC se implanta como un mecanismo que se presenta como dialogante, democrático y defensor del bienestar general. Recibe el nombre de Ronda -o ciclo- de negociaciones multilaterales entre los 140 miembros de la OMC. Pero en realidad, lo único que promueve es el intercambio desigual y la dependencia de los países pobres respecto a los ricos

Debido a la normativa internacional establecida por la OMC aumenta el “libre comercio”. Esto significa un aumento de la independencia de los grandes negocios con respecto a cualquier norma jurídica o ética. La moneda única es la aplicación de esta estrategia a escala europea. El discurso de la OMC está plagado de declaraciones en defensa del medio ambiente, el pleno empleo y la soberanía de las instituciones democráticas. Pero la realidad es que todas estas “preocupaciones no comerciales” les tiene, más o menos, sin cuidado. Lo que verdaderamente les importa, y ponen todo su empeño en lograrlo, es la libertad de movimiento de los capitales y que el ser humano se vea reducido a simple consumidor, a existir en su dimensión animal, deseante y solitaria. Sólo están interesados en producir beneficio y poder para ellos mismos, siempre a costa de los más débiles.

Los Estados de hoy en día se encuentran en un nuevo y desquiciado contexto. Están inmersos en un proceso de globalización capitalista, presidida, tras el 11 de septiembre, por guerras preventivas, ocupación de naciones, devastación y muerte. Y por ello otorgan un nuevo significado a sus tradicionales funciones de control, represión, legitimación y gobernabilidad.

Los efectos de las políticas de la OMC, secundadas por la Unión Europea y por los gobiernos nacionales, son evidentes: precariedad, privatizaciones, inseguridad alimentaria, desnutrición, enfermedades y millones de muertes evitables, represión, embrutecimiento cultural, degradación de la Democracia, genocidio laboral, guerras por el control de las materias primas y de las zonas geoestratégicas, destrucción de la legalidad, inseguridad jurídica, imperio de la violencia, la mentira de Estado y la intimidación. El “libre comercio” progresa, a escala internacional, impulsado por EEUU, merced a un terrorismo de Estado legalizado por la fuerza y legitimado, precisamente, en nombre de la lucha contra el terrorismo.

La impotencia de la izquierda mayoritaria ante estos procesos se transforma en complicidad. La izquierda se hace cómplice cuando regula los conflictos y las resistencias que protagonizan las víctimas de la globalización. Pocas de estas víctimas tienen alguna alternativa real para oponerse a esta dinámica. No es una alternativa real votar a partidos que impulsan la globalización, el militarismo, la OTAN y la guerra, aunque se opongan de palabra cuando les conviene, sobre todo cuando están en la oposición y se aproximan las elecciones. No es alternativo un movimiento que se opone a la OMC pero que no se basa en fundamentos sólidos. Frente a este secuestro de la voluntad popular todos desconfían, pero todos obedecen y cuando protestar no es peligroso, protestan. Pero ese movimiento, desde el punto de vista de su capacidad para impedir los desmanes de la OMC, no es real.

Aumenta el descontento popular, pero también lo hace la represión que se abate sobre él. A pesar de lo que puede parecer a simple vista, no existen cauces para una expresión democrática no controlada por el Poder. Éste no ofrece la posibilidad de que precarizados, inmigrantes, mujeres, consumidores y ciudadanos se vean a sí mismos, en sus éxodos, huidas y mecanismos de adaptación, como parte de un sujeto colectivo actuante, influyente, existente frente a la inseguridad y la resignación, que son la oferta cotidiana del capitalismo global.

La libertad de las multinacionales y de los fondos de inversión es incompatible con los derechos humanos, la Democracia y la justicia social. Sin límites políticos, la globalización de la economía arrasa a la naturaleza y a la sociedad. Pero la viabilidad de cualquier control político depende, en última instancia, del control popular en nuestros propios modos de trabajo, cuidados, alimentación, consumo, ocio y participación política. Es ahí donde la globalización hoy va ganando la partida, pues ha incorporado los deseos de las víctimas a su lógica, reduciendo a las personas a la categoría de meros productores y consumidores de mercancías y haciendo retroceder la participación social al nivel de participación de las mayorías silenciosas de las dictaduras. La izquierda cómplice tiene una responsabilidad central en este hecho.

La libertad del comercio y la autodeterminación del capital es incompatible con la libertad de las personas y la autodeterminación de los pueblos. Los acuerdos de libre comercio son utópicos e irreales. La libertad de mercado sólo existe para que los productos de las grandes potencias puedan entrar, competir y desplazar a los autóctonos. Los subsidios a la agricultura en los países poderosos permiten dicha competencia, mientras obligan a gobiernos lacayos y vendepatrias a no subsidiar la agricultura en sus propios países. El libre comercio sepulta al agricultor autóctono, mientras permite la entrada de los productos extranjeros, muchos de ellos con transgenes en su interior.

Tras el principio de libre competencia se oculta en esta organización la relación de desigualdad entre sus miembros. La OMC ha establecido una serie de medidas que favorecen a los países más poderosos. Entre ellas destacan las medidas antidumping, que son un conjunto de normas que frenan drásticamente la importaciones que provienen de los países subdesarrollados. Asimismo, la adopción de reglamentaciones sanitarias y de una serie de complejas normas técnicas tienen el mismo objetivo: reducir la competencia de los países del Sur. Finalmente, los países desarrollados esgrimen una temible arma, que es el apoyo a la producción nacional.

En ese foro internacional tendrían que estar representados las personas y los pueblos, y no los gobiernos corruptos, cuyos intereses no son los de la humanidad. No promueven más que una piratería desenfrenada. Desde su fundación, la Organización Mundial del Comercio está concebida para despojar a las personas de su soberanía, para dejarles indefensos y sin el poder de tomar decisiones en cuestiones políticas que les afecten.

El FMI y el banco mundial son complementos indispensables de la OMC para la construcción y la continuación del Imperio mercantil. A través de ellos, los actores económicos más poderosos disponen de un instrumento que sirve a la vez de “zanahoria” y de “palo”: los países necesitados sólo reciben “préstamos” y “ayuda” a cambio de la implantación de políticas económica acordes con los deseos del Poder. Esas políticas son indiscutibles, ya que en el seno del FMI el poder depende de la cuota-parte que cada Estado entrega al Fondo. Estados Unidos posee así más del 17 % del total de los votos, y China e India, que representan un tercio de la humanidad, tienen conjuntamente menos poder que Holanda. El triángulo de poder económico EEUU/Japón/Europa dispone, por su parte, de una mayoría muy cómoda. Debido a la desigualdad de las relaciones de fuerza, el consejo director del Fondo no es en realidad más que una sala de repetición de las decisiones tomadas por el Tesoro estadounidense. Además, todas las decisiones tomadas por el FMI, así como el contenido de los programas, son confidenciales, lo que elimina de entrada cualquier discusión o crítica constructiva.

Otra institución clave del Imperio es el G7/G8, que reúne a los países más ricos del planeta y a Rusia. Constituye el órgano “político” y de “comunicación” de este sistema de dominación mundial. Fija perversamente las grandes orientaciones de las políticas económicas y sirve de tribuna a los ricos para dotarse de buena consciencia. En él se anuncian buenas intenciones y compromisos sociales que encubren políticas denominadas de “modernización” –de gestión de los mercados de trabajo, de la deuda, de las relaciones de cooperación, etc.- que no son sino políticas de liberalización. Se utilizan otros términos, otros medios, para alcanzar idénticos objetivos: permitir a los intereses económicos más poderosos definir y regular a su manera el sistema-mundo imperial.

Las citas y reuniones internacionales son los lugares de encuentro y de debate oficial de las élites dirigentes de todos los países del planeta, por encima de las múltiples relaciones bilaterales cotidianas. Allí se unen en torno a intereses comunes. Pero el hecho es que la humanidad y la Tierra se resienten de sus actos y siempre son las capas sociales más vulnerables las que pagan.